El anteproyecto enmarca el periodo de persecución y violencia entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la promulgación de la Constitución Española de 1978. Las asociaciones piden que se extienda hasta 1983, pues en esos años «hubo más de 300 víctimas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha». Y, en el caso de las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, piden que se prolongue hasta 1999, año en el que deja de tener reconocimiento legal en España el parto anónimo o secreto.
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No obstante, al estar ya en tramitación —aunque lenta— parlamentaria una ley específica sobre los bebés robados, no parece que sean objeto de esta ley.