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Jorge Raul Rodríguez Carrillo (Hijodelosvolcanes)

HOY DIA INTERNACIONAL DE DESAPARICIÓN FORZADA , 30 de agosto .

Las Asociaciones de Víctimas por la Desaparición Forzada de Menores, en nuestro caso los Colectivos Sin Identidad como miembros activos de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, tenemos la obligación estatutaria y moral indeclinable de, en este Día del Derecho a la Verdad, hacer oír la voz de estos desaparecidos, la mayoría vivos aunque ninguno reconocido aún en sus Derechos Fundamentales, en nuestros ordenamiento jurídico y en las Leyes Internacionales de obligado cumplimiento.

No es nuestro interés pasar revista en este día a lo que es notorio y que venimos recordando desde los años finales del pasado siglo XX, y que ha sido reiteradamente expuesto en los ámbitos institucionales pertinentes, desde el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o, a nivel internacional en una Institución a la que España como Estado miembro se debe, al menos, la consideración de haber asumido su jurisdicción y principios desde su admisión en ese ámbito de Naciones Unidas, tras superar el legítimo aislamiento al que fue equiparada como colaboradora y partícipe, militar e ideológica, junto con la Italia fascista y la Alemania nazi, gracias a cuya participación esencial con tropas y armas pudieron los militares sediciosos hacerse de forma sangrienta con el poder en España, implantando un régimen militar totalitario, como marca propia.

Lo indicado nos excusa de justificar y detallar un largo recorrido de más de dos décadas de representación y acompañamiento a las víctimas de Delitos Permanentes, Irreversibles e Imprescriptibles, como ya han reconocido en sus Informes los Relatores de NN. UU. tras sus repetidas visitas de inspección a España.

Por unas carencias incomprensibles en la redacción de las normas que han tratado de aclarar los hechos que justifican en su raíz los fines perseguidos para la creación de una urgente Comisión de la Verdad (que se debe calificar de Integral y Contextual, basada en testimonios y documentos), se continúa olvidando que, los menores sometidos a todo tipo de tratos inhumanos y vejatorios, incluyendo su maltrato y desaparición civil, son parte esencial del proyecto declarado explícitamente de limpieza radical de la sociedad democrática española, incluyendo en ese inmenso colectivo indeterminado, como aseguró en sus Instrucciones Reservadas el entonces general Emilio Mola, reconocido por los militares golpistas como “el Director”: “todo el que se oponga a nuestras ideas, para implantar por la fuerza una estado de terror”, a toda una generación de menores desprotegidos o directamente robados a sus madres con diferentes estrategias delictivas, de neonatos hasta adolescentes.

Esos menores deben ser reconocidos, con toda justicia y derecho, como víctimas genuinas, inocentes e indefensas, de ese inmenso drama español que tratamos de amparar, legalmente, como una consecuencia indeseable del franquismo a todos los efectos. El régimen militar tuvo como principio de esa voluntad de limpieza socioideológica, la uniformización de todos los españoles que habían sido “depurados”, muy en concordancia con el carácter militar totalitario ya apuntado: la uniformización del conjunto de la población que había sobrevivido a una guerra de aniquilación civil, gracias a las armas y las tropas del Eje Nazi Fascista. Y para acreditar de forma fehaciente las identidades de esos desaparecidos por todos los medios utilizados, menores, mujeres o víctimas civiles asesinadas de forma alevosa, al menos para saber de qué estamos hablando, es fundamental poner en marcha un Proyecto Integral de Documentación, basado en técnicas científicamente acreditadas, con los avales necesarios para la cuantificación y estadística para tener una visión fiable de la extensión y profundidad del problema que pretendemos conocer, al menos en su primera fase. Como una muestra de esa voluntad de cooperación registramos el Proyecto de Investigación en sus dos fases obligadas, la propia del cotejo y cuantificación fiable del universo de víctimas (hasta ahora no hecho con bases fiables) y la propia de una vinculación a las variables explicativas. Con ello se pretende cubrir las dos base científicas ineludibles, cuantificación y cualificación de los diferentes colectivos que conforman ese universo.

Es indudable que cada clase de víctimas requiere unos procedimientos y técnicas diferenciadas, pero eso no puede ser una excusa para segregar un problema que tiene, como hemos señalado, un origen común aunque con secuelas diferentes. La más notable para señalar esos orígenes y desarrollo es que las víctimas masacradas que yacen en cunetas, simas o fosas no localizadas ni identificadas, ya no pueden señalar ni las circunstancias de sus desapariciones. Pero los menores robados de sus familias o grupos sociales originarios (delito imprescriptible por su propia naturaleza, según la Carta de Naciones Unidas, y reconocido así por sus Relatores de la Comisión de Derechos Humanos), pueden y deben participar activamente en la puesta en marcha de esos trabajos de identificación y reconocimiento de sus identidades.