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Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español no da respuestas a los denunciantes de casos de bebés robados al ofrecerles recursos «insuficientes e inadecuados» y sin «vocación de investigar», alimentando así «un clima de impunidad respecto a estas violaciones de derechos humanos». Esta es una de las…
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La falta de respuesta por parte del Estado a quienes llevan décadas buscando los llamados “bebés robados” acrecienta un sufrimiento psicológico que…
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Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró también el derecho a la protección de la vida familiar, a la identidad, a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los bebés robados.

La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles y luego en hospitales, maternidades, casas cuna o centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas sin una adecuada supervisión por parte del Estado. La ideología de género franquista, que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso las leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés.

Son algunas de las principales conclusiones del informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, recientemente presentado por Amnistía Internacional.

La Iglesia y el Estado bloquean la información

Según el investigador Daniel Canales, «hemos documentado casos en los que hay indicios de que se dan los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: la sustracción del bebé, la participación, tolerancia o aquiescencia del Estado y la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida».

Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas y se les garantice la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan encontrando obstáculos y resultan en su mayoría infructuosos.

Canales explica la situación: “Desde 2011 hasta 2021 se emprendieron 2.138 diligencias por parte de la Fiscalía, de éstas solo la última que se inició en enero de 2020 sigue abierta. Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Muchos juzgados aplicaron la prescripción, negando con ello el carácter continuo de la desaparición forzada y cerrando los casos sin una mínima actividad de investigación para esclarecer los hechos».

El peso de los procesos de búsqueda sigue recayendo en las familias y en las personas que rastrean su identidad sin que el Estado y la Iglesia les faciliten el acceso a la información que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos.</p>

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