La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, ha solicitado hoy la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este «escándalo» que afecta a miles de personas.

Kirton-Darling ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la visita que esta delegación ha realizado durante dos días a España, con el fin de investigar las denuncias por casos de niños robados durante el franquismo y hasta los años noventa.

Tras reunirse con representantes del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, así como con víctimas, la eurodiputada ha señalado que estos encuentros «tienen una gran carga emocional», puesto que no se trata del «robo de un coche, sino del de miembros de una familia».

Ha expresado además que se han encontrado con perspectivas muy diferentes: por una parte, la «falta enorme de confianza» de los ciudadanos en que el Gobierno les facilite el esclarecimiento de los hechos; y, por otra, la de las instituciones, que les han trasmitido que están trabajando «de buena fe» en este asunto.

Esta tarde se reunirán con representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a raíz de algunos denunciantes que afirman que la Iglesia Católica les ha puesto «obstáculos» para acceder a los archivos eclesiásticos.

La eurodiputada británica ha explicado que, tras la visita, emitirán un informe (se prevé que sea antes del verano) con recomendaciones para que el Gobierno español y las autoridades judiciales tomen medidas para dilucidar estos casos y se sigan investigando, si bien no son vinculantes.

En esta delegación participan tres eurodiputados españoles, Rosa Estaràs (PP), Marina Albiol (IU) y Josep-Maria Terricabras (Esquerra Republicana), quienes han manifestado diferentes opiniones sobre la acción del Gobierno en favor del esclarecimiento del robo de bebés.

Así, Estaràs ha dicho que el Ejecutivo se «ha volcado» para poder esclarecer los hechos a la mayor brevedad posible para lo que ha creado oficinas permanentes y una comisión de coordinación para que todos los datos -como cruces de ADN- contribuyan a ello.

Ha añadido que en esta visita ha echado en falta un encuentro con representantes del Ministerio del Interior, que cree que puede arrojar más información.

«Lo que tenemos que hacer es todos a una, no debemos politizar estos casos», ha añadido.

Por su parte, Terricabras ha considerado que estas oficinas «son de información» y ha dicho que es una «vergüenza» que tengan que ser las víctimas las que tengan que acudir a ellas «y trabajarse su justicia» y no sea al revés.

«Al Gobierno le veo con poco entusiasmo», ha apuntado, al tiempo que ha exigido un «trato digno» para las víctimas.

En esta línea se ha mostrado Albiol, quien ha denunciado que el Estado español «no investiga y pone trabas» para la resolución de estos casos, al tiempo que ha señalado que es una «auténtica vergüenza que tenga que venir Europa a investigar».

Ha apuntado que «han encontrado que los casos se archivan por falta de pruebas o porque dicen que han prescrito», cuando cree que el Gobierno no ha facilitado un banco de ADN ni ha realizado una investigación rigurosa. «Son las víctimas las que han demostrado el delito», ha lamentado.

 

Fue precisamente a iniciativa de esta eurodiputada que el Parlamento Europeo tomó la decisión en 2016 de enviar una delegación a España para investigar la denuncia de un grupo de peticionarios españoles que acusaban al Estado de no investigar los casos de robos de bebés.